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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendió al mundo al declarar la ley marcial el martes pasado, alegando la necesidad de proteger al país de fuerzas pronorcoreanas. Sin embargo, apenas horas después, ante las masivas protestas y el rechazo unánime del Parlamento, el mandatario dio marcha atrás y levantó la medida.
La decisión inicial del presidente provocó una ola de indignación y desconcierto. La ley marcial, que no se aplicaba en el país desde hace más de cuatro décadas, implica la toma del control por parte del ejército de amplias funciones gubernamentales y la suspensión de derechos civiles. El Parlamento, dominado por la oposición, rápidamente se reunió en sesión extraordinaria para rechazar el decreto presidencial.
Imágenes de televisión mostraron enfrentamientos entre manifestantes que gritaban “¡No a la ley marcial!” y la policía en las inmediaciones del edificio del Parlamento. Militares ingresaron al edificio legislativo, aunque fueron retirados luego del anuncio de la revocación de la ley marcial.
La oposición acusó a Yoon de usar la ley marcial como una maniobra antidemocrática para silenciar a sus críticos, en medio de una profunda crisis política que incluye disputas presupuestarias y una baja popularidad del presidente. La oposición, que ganó las elecciones de abril, ha bloqueado las iniciativas legislativas del gobierno y ha iniciado los trámites para destituir a varios ministros.
Analistas políticos consideran que la declaración y posterior revocación de la ley marcial reflejan la grave crisis institucional que atraviesa Corea del Sur, y plantean interrogantes sobre el futuro del gobierno de Yoon Suk-yeol.
